11 de julio de 2018

Las distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad merecen recibir servicios sin discriminación, con igualdad de trato y oportunidades.



Para entender qué grupos poblacionales están en situación de vulnerabilidad, hay que considerar  sus condiciones de riesgo o “una exposición en condiciones de desventaja, una posibilidad de daño a la integridad física, psicológica o moral de la persona, e inclusive la exposición a un Estado de derecho violatorio de derechos y garantías fundamentales” (Pérez, 2005).

La vulnerabilidad es multifactorial, está vinculada a procesos sociales, históricos, económicos y no es inherente a las personas, a los grupos y las comunidades. Las personas no son por sí mismas “vulnerables”, “débiles” o “indefensas”, sino que sus condiciones de vida son las que restringen o impiden su desarrollo en uno o varios aspectos (Lara, 2015), al referirse a ellas como grupos en situación de vulnerabilidad se pone el énfasis en su situación, la cual es posible de mejorar a través de brindarles servicios sin discriminación, con igualdad de trato y oportunidades. Con motivo del 11 de julio, Día Mundial de la Población, a continuación haremos una revisión de los grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad social:

Juventudes; reconocerlas como proactivas en la solución de las problemáticas que las afectan, entre ellas el consumo de drogas, contribuye a derribar las visiones adultocéntricas y promover la horizontalidad en las relaciones.
Las y los jóvenes consumidores de drogas tienen derecho a una atención sin discriminación, considerando que son un grupo vulnerable pues su desarrollo se encuentra en proceso y sus recursos económicos, educativos y personales limitados.

 Niñas y niños víctimas de violencia son un grupo doblemente vulnerable ante el consumo de alcohol y de drogas. México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio en menores de 14 años, entre las 33 naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE). Darles un trato igualitario y con las mismas oportunidades implica tomar en cuenta que la violencia puede tener un impacto duradero y a largo plazo en su salud mental (ONU, Informe Mundial de la Violencia contra las Niñas y los Niños).

 Mujeres consumidoras de drogas pueden ser víctimas de discriminación y violencia al ser calificadas como malas madres, malas esposas o malas hijas, por no corresponder a lo que se espera tradicionalmente de ellas. Una atención equitativa con trato igualitario y no discriminatorio, considera sus necesidades específicas, tanto las relacionadas con las ocupaciones domésticas asignadas y de cuidado como las resultantes de su dependencia económica y emocional.

Las mujeres en prisión que tuvieron o tienen problemas de consumo de drogas, al no contar con la misma red de apoyo y compresión o acompañamiento familiar que los hombres, puede ver agravada su situación de vida y presentar un deterioro en su salud física y mental, ya de por sí mermada por el encierro. Atender la salud de las mujeres en prisión sin discriminación implica darles las mismas oportunidades de atención al problema del consumo de drogas.

Personas indígenas constituyen uno de los principales grupos vulnerables en el país, quienes han sido históricamente discriminadas y excluidas presentando un mayor rezago en la atención a sus problemas de salud, entre ellos el consumo de alcohol y otras drogas. Una atención no discriminatoria, con igualdad de trato y oportunidades a esta población no sólo garantiza su acceso a los servicios sino que considera fundamental su participación en el conocimiento y la comprensión del consumo de alcohol tomando en cuenta los factores culturales, económicos y sociales que le dan origen.

Personas adultas mayores representan en México el 7.2% de la población, porcentaje que va en aumento debido al envejecimiento demográfico: 27.9% de ellas ha sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad (ENADIS, 2010).
Esta población corre el riesgo de presentar problemas de salud física y mental relacionadas con el consumo de sustancias, por el impacto que éste tiene en edades avanzadas o al generarse un problema de consumo a partir del uso de drogas médicas fuera de prescripción o el descuido en la toma de dosis prescritas (IAPA, INPRF y IAAM-DF, 2013). Para garantizar su derecho a la salud  hay que reconocer y atender sus necesidades.

Personas con discapacidad presentan una prevalencia de consumo de sustancias mayor o similar en comparación con los encontradas en la población en general, también muestran una mayor prevalencia de trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno por estrés-postraumático, así como de intentos de suicidio a lo largo de la vida. Aunque los servicios de salud están abiertos a esta población, se requiere de estrategias de prevención, detección y tratamiento del consumo de sustancias que les sea accesible (Marín-Navarrete, 2015).

Personas con VIH-SIDA representan a grupos que son múltiplemente discriminados y estigmatizados, las personas mayormente afectadas son las pertenecientes a la diversidad sexual, las que se dedican al comercio sexual y quienes consumen drogas inyectables. Garantizar el derecho a la salud de esta población requiere de una atención libre de prejuicios y estigmas.

Personas de la diversidad sexual, constituyen uno de los grupos mayormente vulnerable en México, quienes viven múltiples discriminaciones basadas en su orientación sexual, el género, la raza, la discapacidad, el estado de salud y la condición económica. Su situación se agrava con el consumo de drogas, el cual es mayor que en la población en general.

Migrantes son el tercer grupo mayormente discriminado (ENADIS, 2010), se exponen a la violación de sus derechos humanos como el derecho a la seguridad y a la salud. Las mujeres migrantes consumidoras de drogas presentan diferencias significativas en relación con los hombres, en el modo y los motivos de consumo. Ellos lo asocian con aspectos prácticos como aguantar el cansancio e interactuar con otros grupos, y ellas, con la vida emocional y privada caracterizada por la adversidad. El derecho a la no discriminación de esta población implica darles información y herramientas que las prevenga del consumo de drogas.


Lic. Rosaura de la Torre Gómez
Lic. Angélica Cristina Ruiz Aparicio
Lic. Azucena Avila Vásquez
Departamento de Equidad y Género.

 Referencias bibliográficas
  1. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2011). Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010.
  2. Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México (2013). Estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en adultos mayores en la Ciudad de México. México.
  3. Lara D. (2015). Grupos en situación de vulnerabilidad. Colección de textos sobre derechos humanos. México. Comisión Nacional de Derechos Humanos.
  4. Marín-Navarrete R., Mendoza M-Meléndez, M.A., Fernández-Mondragón, J., Villalobos-Gallegos, L., Martínez-Pacheco, G.G., Medina-Mora, M.E., & Camacho-Solís, R.E. (2015). Estudio sobre sintomatología psiquiátrica y consumo de sustancias de abuso en personas con discapacidad de la Ciudad de México. México: INPRFM, DIF-DF, IAPA.
  5. Pérez M. (2005). “Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar”. En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, Año XXXVIII. núm. 113. Mayo-agosto de 2005. pp. 845-867.